PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

En defensa de la libertad de expresión y el Estado democrático de derecho

La libertad de expresión constituye un derecho humano fundamental y una condición indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Sin la posibilidad de informar, opinar, cuestionar y debatir libremente los asuntos públicos, no solo se debilitan la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el Estado de derecho: se asfixia la democracia.

Como organización de la sociedad civil, expresamos nuestra profunda preocupación por la aplicación de la denominada “Ley Serrano” en el estado de San Luis Potosí. Aunque esta reforma fue presentada como un mecanismo para regular el uso de la inteligencia artificial, los hechos evidencian que su implementación ha derivado en acciones penales contra periodistas y personas comunicadoras, así como en la apertura de investigaciones y órdenes de aprehensión que generan un grave efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Toda legislación que establezca tipos penales ambiguos o permita interpretaciones discrecionales representa un riesgo para los derechos fundamentales. En un Estado democrático, ninguna persona debe enfrentar procesos penales por expresar opiniones, investigar hechos de interés público o formular críticas hacia quienes ejercen el poder.

Compartimos la preocupación expresada por organizaciones nacionales e internacionales especializadas en la defensa de los derechos humanos, entre ellas Artículo 19 y la CNDH (acción de inconstitucionalidad 132/2025), respecto de la incompatibilidad de esta legislación con los estándares constitucionales e internacionales de protección a la libertad de expresión.

La respuesta institucional frente a la crítica no puede ser la criminalización. Las diferencias de opinión deben resolverse mediante el debate público, el diálogo democrático y los mecanismos previstos por el Estado de derecho, nunca mediante el uso del derecho penal como instrumento de intimidación.

Por ello, hacemos un llamado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de San Luis Potosí para que:

• Revisen de manera inmediata la constitucionalidad y convencionalidad de la denominada “Ley Serrano”.
• Impulsen su derogación o la modificación de aquellas disposiciones que vulneren derechos fundamentales.
• Garanticen el cese de cualquier acto de persecución judicial derivado del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
• Promuevan un proceso abierto de diálogo con periodistas, academia, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y organismos de derechos humanos para construir una regulación compatible con los principios democráticos y el marco constitucional mexicano.
• Eviten establecer un “registro de periodistas”, pues atenta contra los derechos humanos.

Reiteramos que la defensa de la libertad de expresión no responde a intereses particulares, sino al compromiso con una sociedad en la que todas las personas puedan participar libremente en la vida pública sin temor a represalias.

Las democracias se fortalecen cuando protegen las voces críticas, no cuando las silencian.

Academia Mexicana de la Comunicación